Editorial 2° Programa

FM de la Azotea reproduce Democracy Now, una programa diario e independiente de noticias internacionales, con la conducción de Amy Goodman y Juan Gonzalez.

Esta semana, Democracy Now dio cuenta de un fallo histórico, emitido el lunes 12 de agosto, en el que un tribunal federal de Estados Unidos determinó que la controvertida táctica de "detener y cachear", mas conocida como "stop and frisk", habitualmente utilizada por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York es inconstitucional.

En una decisión duramente crítica, la jueza federal de distrito Shira Scheindlin dijo que la policía había basado el programa en lo que ella denominó “una política de discriminación racial indirecta”, que hizo que los agentes detuvieran de manera rutinaria a “negros e hispanos que no habrían sido detenidos si hubieran sido blancos”.

Desde el año 2002, el departamento de policía realizó más de cinco millones de detenciones y cacheos. Según los informes del propio departamento de policía, casi nueve de diez neoyorquinos detenidos y cacheados eran inocentes.

En las casi 200 páginas de la resolución, la jueza Shira Scheindlin escribió: "los neoyorquinos están orgullosos de su ciudad y tratan de hacerla lo más segura posible. Los neoyorquinos también atesoran su libertad. Un sinnúmero de personas han llegado a Nueva York en busca de esa libertad. Los objetivos de la libertad y la seguridad pueden estar en tensión, pero pueden coexistir, dado que eso es lo que manda la Constitución.
Este caso se trata de la tensión entre la libertad y la seguridad pública en el uso de una herramienta de vigilancia proactiva llamado "parar y registrar." El Departamento de Policía de Nueva York ha realizado 4,4 millones de estas detenciones entre enero de 2004 y junio de 2012. Más del 80% de los 4,4 millones demorados y cacheados fueron negros o hispanos. En cada una de estas paradas la vida de un ciudadano ha sido interrumpida. La persona es detenida e interrogada, a menudo en una calle pública. Más de la mitad de las veces que la policía intercepta a alguien, somete la persona a un cacheo.
Quiero destacar, como he hecho durante todo el litigio, que este caso no se trata de la eficacia de parar y registrar para disuadir o combatir la delincuencia. El mandato de este Tribunal es exclusivamente para juzgar la constitucionalidad de la conducta de la policía, no su eficacia como herramienta de aplicación de la ley. Muchas de las prácticas policiales pueden ser útiles para la lucha contra la delincuencia - las confesiones obtenidas mediante coacción, por ejemplo -, pero al resultar inconstitucionales no pueden ser utilizadas, no importa cuán efectivo resulten. "La consagración de los derechos constitucionales requiere, necesariamente, adoptar decisiones políticas”

Es importante tener en cuenta el costo humano de estas paradas inconstitucionales. Si bien es cierto que una sola parada es una intrusión limitada en su duración y en la privación de la libertad, cada parada es también una experiencia degradante y humillante. Nadie debe vivir con el temor de ser detenido cada vez que sale de su casa para ir a las actividades de la vida diaria. Los que son sometidos a las paradas son mayoritariamente gente de color, y están justificadamente preocupados, dado que muchos de ellos no han hecho nada para atraer la atención no deseada. Detener a jóvenes negros e hispanos sobre la base de la supuesta conducta delictiva de otros jóvenes negros o hispanos viola los principios básicos de la igualdad”.

Además, la jueza designó a un supervisor federal para que controle las reformas teniendo en cuenta las contribuciones de los miembros de la comunidad y de la policía.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, reaccionó con enojo ante el fallo y acusó a la jueza de negarle a la ciudad un juicio justo.

Sunita Patel, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales y co asesora en el caso, sostuvo: "esta es una victoria para cientos de miles de personas que fueron detenidas y registradas ilegalmente durante la última década”.

En Argentina se viven tiempos en que las plataformas políticas de muchos candidatos proponen un endurecimiento penal y una reducción de las garantías, descalificando a los jueces que velan por el cumplimiento irrestricto de la Constitución Nacional. Esos mismos candidatos, afectos a mirar hacia el gran país del norte para copiar sus recetas económicas, deberían tomar nota también de aquellos pronunciamientos judiciales valientes como el de la juez Scheindlin, orientados a restringir la selectividad policial y la discriminación racial.