Pasado, presente y futuro de lo que se denomina Poder Judicial.
Pasado. Hace unas semanas, el Consejo de la Magistratura de la Nación tomó una decisión que no tuvo gran difusión pero que marca un nuevo rumbo: desentrañar qué papel tuvieron los jueces durante el terrorismo de Estado y cómo actuaron años después, cuando les tocó juzgar a los represores. Creó, para eso, una subcomisión especial que se ocupará de controlar que avancen y no mueran las investigaciones por la posible complicidad ejercida, desde los juzgados, con los crímenes dictatoriales. Actualmente tramitan pedidos de juicio político de este tipo contra más de veinte jueces de todo el país, y muchos de ellos tienen rango de camaristas. Dentro de ese universo que ganó visibilidad en los últimos tiempos y que se suele nombrar como “la cara civil” de la última dictadura, los jueces ocupan una importante porción y empiezan a ser investigados. Aunque subsisten ciertas resistencias corporativas, para la mayoría de los miembros del Consejo –que tiene la facultad de promover la destitución de magistrados– hoy importa y mucho qué hacían Sus Señorías ante secuestros, torturas y desapariciones o cuando recibían un hábeas corpus, y qué hacen en la actualidad si les toca juzgar aquellos hechos.
Presente. El judicial es un poder débil. Es posible que esa debilidad anide en su carácter contramayoritario
. A mucha gente le cuesta entender por qué en democracia elegimos con el voto a legisladores, concejales, intendentes, gobernadores, presidentes, pero no a los jueces. Lo cierto es que los jueces no pueden estar condicionados por la opinión mayoritaria para impartir justicia, sino que deben ser imparciales y resolver sin estar sujetos a presiones externas o internas. Cuesta imaginar que en medio de la furia mayoritaria de la clase media por la “seguridad”, los jueces hagan campaña pidiendo que se los vote en base a propuestas de “mano dura”, anunciando que restringirán garantías constitucionales o denegarán derechos que suelen ser confundidos con beneficios, todo con la finalidad de ser elegidos. Tal vez cueste menos imaginar una foto de los candidatos a jueces arrodillados rezando en una iglesia, invocando a dios como fuente de toda razón y justicia, dado el estrato social e ideológico que suelen tener los magistrados de estas latitudes. Aún con estas particularidades, el poder judicial es débil, y suele ser devorado o ignorado por los otros poderes. Podemos señalar muchos casos representativos de debilidad judicial, especialmente cuando sus decisiones implican un enfrentamiento interpoderes, generando políticas públicas, obligando a hacer especialmente al Ejecutivo o a la administración pública. Abundan los ejemplos de sentencias que vivieron en la retórica porque su implementación nunca se llevó a cabo, porque fueron triunfos jurídicos y victorias legales, pero sin efectos concretos. Para muestra, basta un botón: el caso del Procurador Sosa en Santa Cruz, que nunca fue restituido en su cargo pese a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Futuro. Es difícil anticipar qué sucederá en los tiempos venideros con la administración estatal encargada de impartir justicia. Algunos actores políticos y sociales pretenden que los jueces sean personas con capacidades precognitivas, que como los Precogs de la película Minority Report, intervengan cautelarmente antes que los delitos se produzcan.
En ese campo de ciencia ficción donde algunos construyen discursos demagógicos, se omite que aún si los jueces tuvieran poderes adivinatorios y pudieran establecer que el ladrón de hoy será el homicida de mañana, nada podrían hacer; que no pueden, en nuestro sistema, dejar preso a alguien por las dudas. Como dice José Luis Ares: si esta posición se llevara al extremo, todas las personas procesadas deberían esperar el juicio privados de libertad, lo cual resultaría inconstitucional e impracticable; y aun así habrá personas que, sin haber incurrido antes siquiera en una infracción de tránsito, cometan terribles delitos.
A la luz de la injusta persecución de que ha sido objeto el juez bonaerense Rafael Sal Lari, hace un tiempo Luis Niño escribió que nuestra sociedad, ante grandes tragedias, tiene instalada dos elementos en el imaginario colectivo: la búsqueda instintiva de chivos expiatorios para los acontecimientos infaustos que jalonan la vida cotidiana y el reclamo absurdo de una previsión concreta de tales sucesos, extraña por definición a la modesta dimensión de seres humanos que todos –gobernantes y gobernados– encarnamos.
Concluye Niño que impulsar el enjuiciamiento de un magistrado por haber interpretado y aplicado normas plenamente vigentes, comenzando por la Constitución y los tratados incorporados a esa ley fundamental, importa acudir a los dos componentes irracionales mencionados. Frente a ello, el autor evoca uno de los pasajes de la Genealogía de la Moral, de Federico Nietzsche, quien sentenciaba: “Durante el más largo tiempo de la historia humana se impusieron penas... no bajo el presupuesto de que sólo al culpable se le deban imponer... sino, más bien, a la manera como todavía ahora los padres castigan a sus hijos, por cólera de un perjuicio sufrido”.
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