Claro está que resultó complejo tragarnos lo amargo y asqueroso de su accionar cotidiano, para no recaer en la catarata interminable de insultos que su propia idiosincrasia viciada de poder arbitrario y abusivo despierta. Tampoco fue fácil mordernos la lengua y no tirotear con adjetivos calificativos a cada uno de los aspectos que hacen de la institución policial la herramienta por excelencia de todo Estado represivo.
Preferimos, en pos de abrir el debate, plasmar un análisis, acotado, pequeño, pero nunca cerrado de por qué no son esos efectivos que recorren nuestras calles, que nos vigilantean en una manifestación o que intentan disolver nuestros derechos ante cada supuesto ilícito que cometemos, los que garantizan la seguridad y el bienestar social.
En un mismo día, en cualquier medio, podemos percibir dos posturas antagónicas y con fundamentos opuestos respecto al accionar de esta institución. Hay quienes, ingenuos aunque convencidos, piden a los gritos por el refuerzo inmediato del número de policías. Aseguran que con más de ellos merodeando las distintas zonas de nuestras ciudades los delitos y los robos cesarán. Hay otros, en cambio, que no los entienden como parte de la solución, sino como protagonistas ineludibles del problema.
Así, es que se evidencia una polaridad social. Algunas los defienden, mientras que otros los repudian.
Frente a esa dualidad, ellos hacen su juego. Se disfrazan de bien intencionados y defienden sólo a los que entienden como seres de bien y de ética y de moral. Son ellos quienes determinan quienes merecen y quienes no ser castigados. Sectorizan la seguridad y aplican, en nombre de ese pedido de orden, mano dura y arbitraria. Sostienen, de esa manera, el argumento que invisibiliza las atrocidades que cometen y que guardan bajo la alfombra. Se amparan en las descabelladas ideas de recrudecimiento del control, para legitimizar prácticas abusivas y deplorables.
El reduccionismo con el que se plasma su accionar en las noticias y la liviandad con la que el poder político lee las atrocidades que cometen, los convierte en los nuevos súper héroes del orden. Pareciera ser que son ellos los que con soberbia y violencia pondrán a la sociedad nuevamente sobre rieles. Se les otorga esa confianza y se les promete más y más poder. De otra manera, no cierra por ningún lado que el propio poder político, como sucede hoy, impulse reformas legislativas para aumentar el poderío de una institución que ya gobierna las calles.
Por todo esto, y por más cuestiones que no entran en un editorial de introducción, es que entendemos vital que como sociedad empecemos a analizar y preguntarnos hasta donde permitiremos que la institución policial imprima sus mecanismos macabros e ilegítimos de control sobre los cuerpos de los que ellos creen que imponen la inseguridad y corrompen el bienestar social.
¿No son ellos, a caso, parte también de esa ruptura? ¿No son ellos, quizás, los que a través la soberbia y la provocación incitan al desorden? ¿No serán ellos mismos los que adrede generan el caos para justificarse?
¿Puede un poder viciado, como el policial, garantizar el orden social tan proclamado desde algunos sectores sin aplicar violencia y sometimiento?
¿Puede una institución plagada de irregularidades y abusos garantizar el bienestar de una sociedad?
Es el Estado el que, ante las reiteradas denuncias por casos de muertes por “gatillo fácil” o torturas en cárceles o comisarías, chicanea diciendo que existe “denuncia fácil”; Y es ese mismo Estado el que impartió directivas de aplicar la pena de “muerte extralegal”, cuando en palabras de quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf se oyó decir: “a los delincuentes los quiero muertos”.
Sabiendo que es el Estado quien diseña y delimita las acciones represivas que ejecuta luego la policía, lo cierto es que son los propios efectivos quienes a esa orden le imprimen una impronta institucional. Utilizan la saña y el desquite. Y con esos sellos, lejos estamos de poder considerar, que sean ellos los que puedan garantizar el bienestar social.
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